Artículo de revista
La Incidencia Del Narcotráfico En Las Altas Esferas Del Gobierno Peruano
Fecha
2021-09-09Registro en:
10.14718/10.14718/NovumJus.2021.15.2.10
2500-8692
1692-6013
Autor
Sierra-Zamora, Paola Alexandra
Bermúdez-Tapia, Manuel
Institución
Resumen
Desde mediados de los años ochenta del siglo pasado hasta la actualidad, el narcotráfico ha tenido un
severo impacto económico, político y social en el Perú. En el año 2018, producto de una investigación
policial-fiscal, se descubrió la relación entre una banda de narcotraficantes con algunos funcionarios
del poder Judicial, del Ministerio Público y del Consejo Nacional de la Magistratura, quienes tenían
vínculos cercanos en las demás entidades del Estado, lo que acreditó la presencia de tales agentes
en las altas esferas del poder. Las consecuencias han debilitado la democracia en el país, porque
las influencias del narcotráfico podían relacionarse con miembros del Congreso de la República e
inclusive del Gobierno nacional. Entonces, el Estado ejecutó una serie de acciones normativas
e institucionales para limitar la influencia del narcotráfico y modificó la legislación penal-civil que
regula el control financiero y bancario y la disposición de bienes inmuebles ligados a casos de
lavado de activos; desactivó el Consejo Nacional de la Magistratura y destituyó a la mayoría de los
funcionarios de altas corporaciones judiciales del país. From the mid-eighties of the last century to the present, drug trafficking has generated a severe
economic, political and social impact in Peru. In 2018, as a result of a police prosecutor's investigation,
the relationship between a gang of drug traffickers with some officials of the Judicial Power, Public
Ministry and National Council of the Magistracy, who had close ties in the other State entities, was
discovered, which accredited the presence of such agents linked to drug trafficking in the high spheres
of power. The consequences have weakened democracy in the country because the influence of
drug trafficking could be related to members of the Congress of the Republic and even the national
government. Consequently, the State implemented a series of normative and institutional actions
to limit the influence of drug trafficking and modified the criminal-civil legislation that regulates
financial and banking control and the disposition of real estate linked to money laundering cases,
deactivating the National Council of the Magistracy and dismissing the majority of officials from
high judicial entities in the country.