Después del análisis jurisprudencial esbozado a lo largo del presente escrito, se encuentra que el Máximo Tribunal, a pesar de haber realizado ingentes esfuerzos por esclarecer las dimensiones del derecho a la vivienda digna, su alcance y su forma de protección; ha sido incapaz de garantizarlo a los nacionales. Al parecer, las interpretaciones que la Corte ha realizado a la luz de la Constitución no han ofrecido suficiente claridad a los entes estatales encargados de regular la materia, pues la normatividad existente tampoco ha solucionado el problema coyuntural de miles de habitantes del territorio nacional que no pueden acceder a una vivienda o se ven avocados a devolverla mediante la dación en pago o por ejecución procesal.