Fundamentos Jurídicos que Determinan la Inexistencia de Responsabilidad Civil del Empleador a Causa del Despido Arbitrario del Trabajador

Abstract

Existen posturas que difieren al momento de determinar si es correcta la aplicación del resarcimiento por daño moral a causa de un despido arbitrario, quienes consideran que debe concederse un monto de dinero, alegan la existencia de responsabilidad civil; error que creemos se comete, tal y conforme lo explicamos en el desarrollo de este trabajo. La presente investigación, determinará la inexistencia de responsabilidad civil a causa de un despido arbitrario, para ello nos hemos planteado la siguiente formulación del problema: ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para determinar la inexistencia de responsabilidad civil del empleador a causa del despido arbitrario del trabajador? Nuestro objetivo es, a través de los fundamentos jurídicos propuestos determinar que el empleador no tiene responsabilidad civil, a causa del despido arbitrario, estos fundamentos son: 1) La falta de diferenciación de las instituciones de indemnización y resarcimiento; dado que la indemnización responde a una asignación legal producto de un desequilibrio patrimonial y el resarcimiento a la teoría de la responsabilidad civil; 2) La naturaleza jurídica de la asignación regulada en el artículo 34 y 38 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, responde indemnización, derivada de una asignación legal y no a un resarcimiento, que es propio de la responsabilidad civil; 3) El otorgar además de la indemnización un resarcimiento por responsabilidad civil, genera un doble beneficio al trabajador despedido; lo que vulnera los derechos del empleador, en la medida que desalienta la formalidad laboral y desincentiva la contratación de personal indeterminado; preferirá el empleador contratar bajo modalidades de contrato que no garanticen permanencia, como contratos de locación de servicios, o contratar de manera clandestina; preferirá ello a pagar costos elevados además de la indemnización tarifada regulada en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.