| dc.description.abstract | En el lenguaje común de la gente hablar de una medida cautelar, quizás no le es
un término familiar; pero sí lo es la palabra “embargo”, en nuestro caso lo uno y lo
otro, engloba una concepción amplia y profunda, en el marco legal su finalidad es
garantizar la ejecución de las decisiones judiciales, mediante la conservación,
prevención o aseguramiento de los derechos que corresponde dilucidar en el
proceso. Esto es, no más sentencias ilusorias que resultan inejecutables en
muchos de los casos, creando un sinsabor en la aplicación del principio de justicia.
Hoy la normatividad legal de muchos países , ven el derecho a un proceso sin
dilaciones indebidas, lo que la doctrina se ha venido entendiendo como la
necesidad de que el procedimiento no se alargue más allá de un tiempo
razonable, y para su aplicación requiere la apariencia de intereses sustanciales
como son el fomus bonis iuris, lo cual no requiere de certeza del derecho, sino la
posibilidad o probabilidad de la existencia del mismo, además del llamado
periculum in mora, es decir, del hecho natural o voluntario que es capaz de
producir un daño y la razonabilidad de la medida. Pero no toda medida cautelar
debe ser legitimada, por cuanto en algunos casos resultan ser innecesarias o
maliciosas, y como consecuencias son materia de sanción.
Atreves de esta institución, nace como una necesidad frente a la demora de un
proceso y es el Estado que reconociendo tal hecho regule en su ordenamiento
procesal medidas que garanticen la efectividad de las decisiones judiciales que se
pronuncien en los llamados procesos principales, las medidas cautelares no son
salvaguarda del derecho subjetivo, sino de la finalidad jurisdiccional. | |
