| dc.description.abstract | Como conclusión del informe publicado en el año 2016 por el Istituto Nacional del Agua se desprende que el principal factor de complejidad que caracteriza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es la inter-jurisdiccionalidad, creando superposiciones en materia normativa y de control en el cual conviven legislaciones y organismos de nivel nacional, provincial,
municipal y de autoridades de cuenca. En lo que respecta a la Provincia de Buenos Aires (PBA), la misma cuenta con dos organismos con incumbencias de aplicación y control en materia ambiental, la Autoridad del Agua (ADA) y el Ministerio de Ambiente (ex OPDS). A estos dos organismos se suma que la provincia cuenta con un total de 26 cuencas, de las
cuales algunas pocas cuentan con comités administrativos. Una de ellas, La Cuenca Matanza-Riachuelo, cuya extensión territorial abarca parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y parte de la Provincia de Buenos Aires, cuenta con su propio cuerpo normativo y autoridad de fiscalización en materia ambiental, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). Por otra parte, el poder de fiscalización de los vuelcos efectuados por establecimientos industriales y especiales sobre la red cloacal de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S. A. (AySA) se encuentra en poder del Estado Nacional.
El organismo que actualmente realiza dicha tarea es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) cuya área de aplicación incluye parte de la Provincia de Buenos Aires y se superpone parcialmente con el área de la Cuenca Matanza-Riachuelo, sumado a los organismos ADA y Ministerio de Ambiente de la provincia.
A esta situación de superposición de organismos de control se suma el dinamismo en cuerpo normativo, lo que implica el dictado de normas nuevas o derogaciones parciales y/o totales de las existentes con la necesidad de mantener actualizado los criterios de control.
Respecto de este punto, la Provincia de Buenos Aires, por medio de la ADA, dictó en el año 2013 la Resolución ADA 465 la cual deroga normas preexistentes y reglamenta el ingreso al Banco de Datos Único de Usuarios de los Recursos Hídricos (BUDURH) por parte de los usuarios, con el objetivo de ordenar y sistematizar la información para identificar con
exactitud la real demanda de agua y elaborar planes de gestión de recursos hídricos. Así mismo, en el año 2014 la ADA dictó la resolución 734, la cual derogó la resolución 82/12 y aprobó la documentación para ordenar los permisos de explotación de recursos hídricos y vuelco de efluentes de los proyectos a desarrollar, así como aquellos establecimientos en funcionamiento. Posteriormente, en el año 2017, la ADA dictó la resolución 333, la cual derogó las resoluciones 465/13 y 734/14 y reglamentó los procesos para la obtención d prefactibilidades, autorizaciones y permisos e incorporó cambios como la implementación de
expediente electrónico, la vigencia de 4 años de los permisos, cuando anteriormente lo permisos generalmente tenían una validez de 2 años, pero también se emitieron alguno con una validez superior a la actual, 5 años. Finalmente, desde diciembre del año 2019 se encuentra vigente la resolución 2.222 dictada por la ADA, la cual derogó la resolución 333/17. Esta resolución tiene su concepción en el marco del “Plan Estratégico de Modernización de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires”, donde se realizó una rediseño de los procesos de “autorizaciones y permisos” , dotándolos además de una plataforma de automatización con portal web para la gestión de los trámites, permitiendo así una comunicación más eficiente, transparente y simplificada con los usuarios. | |
