Transparencia y covid-19. El caso de los sindicatos en argentina

Abstract

La República Argentina ha ingresado lentamente en el conjunto de países que han legislado sobre la transparencia y rendición de cuenta, como un efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Desde el 2017 se cuenta con la ley 27275 y su decreto reglamentario. En la misma, se encuentran los sindicatos como sujetos obligados a prestar información, entre otras entidades privadas a la que se le brindan fondos públicos, enmarcado ello en el concepto de transparencia activa. Desde el 2017 a la fecha poco hemos avanzado. Durante la Pandemia del COVID-19 (2020-2021) los sindicatos se enfrentaron a múltiples dificultades. En primer lugar gestionar instituciones de salud, las obras sociales sindicales, en un escenario de Pandemia y de mayor gasto en salud. Otro desafío fue la retracción del trabajo formal, como tendencia general acentuada en este período, con la consecuente merma de aportes de la seguridad social y por lo tanto agudizando las dificultades. Por último, la necesidad que el Estado categorice el Covid-19 como enfermedad profesional, para menguar los gastos en salud de sus trabajadores y concentrar los mismos en las ART (Aseguradoras de riesgo de trabajo). El Estado apoyó a los sindicatos, con medidas de emergencia, no siempre cuidando la Transparencia. De todas maneras, no puede negarse el rol protagónico e ineludible de las obras sociales en la Pandemia y el esfuerzo por cubrir sanitariamente a sus afiliados. Pero también es importante decir que para cuando la pandemia pase, la urgencia cese y las formalidades vuelvan a hacerse imprescindibles, se necesitará profundizar sobre los contenidos de la Transparencia y resolver cómo los ciudadanos podemos confiar en las instituciones del Estado y de la sociedad civil. Claramente, las urgencias del Estado, parecerían atentar contra las posibilidades de control y seguimiento.