| dc.description.abstract | El panorama de la jurisdicción coactiva en el contexto ecuatoriano, ha
cobrado inusitada importancia, principalmente debido a tres factores convergentes (a
menudo análogos a los de otros países latinoamericanos): Primero, la generalización
de la modernización del Estado; segundo, las múltiples dificultades que el Estado ha
debido enfrentar para recuperar la cartera vencida de sus deudores; y finalmente, y
quizás el hecho de mayor impacto directo, es la problemática que planteó la quiebra
de la banca privada y la consecuente absorción de ese desfase por parte del Estado
para mantener la economía, tal como se aprecia en la Ley de Ordenamiento en
Materia Económica.
Es dentro de este escenario y bajo estas circunstancias particulares que nace
la AGD (Agencia de Garantía de Depósitos), con el propósito de garantizar la
devolución de los dineros de los usuarios de la banca privada. Ello explica, el
renovado auge que ha experimentado la jurisdicción coactiva, empleada como una
importante herramienta para la recuperación de los montos que se adeudan al Estado.
Ésta sería la causa fundamental que supone que la jurisdicción coactiva haya
extendido su marco jurídico y legal hasta prácticamente todas las Instituciones del
sector público, las cuales la han adoptado como el mecanismo idóneo para que a
través de ella se hagan cumplir las obligaciones pendientes. | |
