| dc.description.abstract | Las instituciones públicas de todo el mundo se vieron en la necesidad de ser responsables ante los contribuyentes y votantes.
Se reconoce que la administración pública debe buscar eficiencia, productividad, rendimiento, competitividad, pero al mismo tiempo debe tener sentido de responsabilidad en el cumplimiento de leyes y procedimientos jurídicos.
Esto conlleva que un servidor público debe cumplir objetivos políticos sociales y legales.
En muchos países se encuentra arraigada la idea de que no se puede mezclar o confundir metodologías de administración privada con la administración pública, ya que el fin de lucro de las instituciones privadas marca el eje primordial del desempeño dentro de un periodo fiscal determinado; por lo tanto se torna imposible cuantificar en una institución pública, la variable determinante. Por un lado tenemos al mercado y por el otro al Estado propiamente dicho.
Pero en la actualidad, se suman a estas muchas variables más acertadas que el fin de lucro, categorías que priman mucho más, como son: eficiencia, productividad, satisfacción del cliente-ciudadano, reinversión, etc., que pueden ser equiparadas al ámbito público vinculándolas claro está con la dinámica política, el entorno social, lo cual se refiere a políticas y estrategias estatales en base a la estructura administrativa.
Con la Ley Orgánica del Servicio Público, el Ministerio de Relaciones Laborales tiene plena competencia para realizar estudios técnicos relacionados a las remuneraciones e ingresos complementarios del sector público; así como, la aplicación de las políticas y normas remunerativas; por lo que se ha fijado como Política, una Propuesta Remunerativa de Beneficios Económicos y Sociales basada en la Retribución por eficiencia (Balanced Scorecard) o Cuadro de Mando Integral. | |
