Análisis a las reformas anticorrupción del COIP y su incidencia en los Servidores Públicos.

Abstract

La pandemia de COVID-19 se constituyó como la oportunidad perfecta para que funcionarios públicos cometan actos de corrupción y lucre a costas, para disminuir los casos de corrupción se aprobaron las Reformas al Código Orgánico Integral Penal, mismas que endurecieron las penas especialmente para funcionarios y servidores públicos que se vean involucrados en actos de corrupción. El presente estudio tuvo como objetivo analizar la incidencia jurídica penal que las reformas anticorrupción del COIP tienen sobre los servidores públicos responsables de los procesos de contratación pública. Para cumplir con este fin, se llevó a cabo una investigación de tipo descriptiva, empleando el método deductivo y el analítico-sintáctico, el instrumento empleado fue la encuesta, misma que se aplicó a una población de 75 funcionarios y servidores públicos que laboran públicos en distintas instituciones públicas. El Estudio permitió concluir que las reformas anticorrupción del COIP pueden provocar un impacto negativo en los funcionarios y servidores públicos, ya que la normativa no es del todo clara, especialmente para el delito de sobreprecios en la contratación pública.

The COVID-19 pandemic was constituted as the perfect opportunity for public officials to commit acts of corruption and profit at the expense, to reduce cases of corruption, the Reforms to the Comprehensive Organic Penal Code were approved, which tightened penalties especially for officials and public servants who are involved in acts of corruption. The objective of this study was to analyze the criminal legal incidence that the COIP's anti-corruption reforms have on public servants responsible for public procurement processes. To fulfill this purpose, a descriptive research was carried out, using the deductive and analytical-syntactic method, the instrument used was the survey, which was applied to a population of 75 civil servants and public servants who work in the public sector different public institutions. The Study allowed to conclude that the anti-corruption reforms of the COIP can have a negative impact on civil servants and public servants, since the regulations are not entirely clear, especially for the crime of overpricing in public procurement.