El interesante y documentado artículo que más abajo publicamos evidencia, una vez más, que la Real Cédula de 15 de julio de 1802, que sirve de inconmovible fundamento al derecho que asiste al Perú en su controversia de límites con el Ecuador, tuvo debido cumplimiento y ejecución y no sólo en el limitado aspecto eclesiástico, como el Ecuador pretende, sino, también, y sin lugar a duda, en el político, administrativo y judicial; ya que en esos campos, asimismo, intervinieron en su ejecución funcionarios del Gobierno y del Poder Judicial y representantes al Parlamento peruano.