El servicio de transporte público en Lima se ha caracterizado desde hace varias décadas por exhibir una profunda informalidad, sobre todo desde la emisión Decreto Legislativo 651, en 1991, en virtud del cual el Estado peruano abandonó virtualmente cualquier rol regulador y planificador frente a las empresas del ramo, negando a dicha actividad la caracterización de servicio público. Ello ha afectado muy negativamente la calidad de este servicio, en perjuicio de los usuarios, de la seguridad de los peatones y de la ciudad en conjunto. A ello hay que sumar las fuertes externalidades que genera el transporte público limeño: accidentes de tránsito, contaminación atmosférica, deterioro del entorno urbano. Frente a esta situación crítica, las autoridades competentes se limitaron, durante años, a promover inversiones en infraestructura vial (que beneficiaban prevalentemente al automóvil privado), desentendiéndose de la situación del transporte público. Posteriormente, desde la década del 2000, se empezaron a realizar inversiones en infraestructura de transporte público masivo (primero el Metropolitano, después el Metro de Lima), intentando ofrecer alternativas a los usuarios frente al desorden y la baja calidad del servicio de transporte público tradicional. No obstante, dichas soluciones han resultado insuficientes.