El artículo parte de la premisa de que existe una ausencia de rectitud en la adjudicación y celebración de contratos del sector público y, a la luz de la Convención Interamericana contra la Corrupción, elabora un análisis crítico de la legislación mexicana en materia de contrataciones y adquisiciones con el Estado. Las conclusiones finales sostienen que aún existen grandes deficiencias en materia de contratación pública.