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Every Law Has its Loophole?: An Assessment of Political Party Financing
Hecha la ley, ¿hecha la trampa?: una evaluación del financiamiento de los partidos políticos
Registro en:
10.18800/derechopucp.200601.003
Autor
Tuesta Soldevilla, Fernando
Mendieta Barrera, Tatiana
Institución
Resumen
Political party financing is a crucial aspect of politics. This article provides an overview of the Political Parties Law (LPP), enacted in November 2003, and evaluates its application in the Peruvian legal system. The authors aim to objectively analyze the law and its impact. The LPP addresses previously unregulated areas of party life, but also presents deficiencies. The text reflects on the significance of norms in political representation and financing of political parties. It is expected that future regulatory reforms will be transparent and promote democracy by reducing the interference of private interests. A public subsidy is suggested to achieve this goal. Achieving this goal requires the collaboration of an independent supervisory body with the ability to verify the information provided by political parties, as well as an effective system of sanctions to ensure compliance. El financiamiento de los partidos políticos resulta un aspecto crucial, pero a menudo oscuro en la política. Por ello, el objetivo del presente artículo es ofrecer una visión general de la Ley de Partidos Políticos (LPP), promulgada en noviembre de 2003, y evaluar, sobre todo, su aplicación en el ordenamiento jurídico peruano. Los autores señalan que esta ley aborda áreas previamente no reguladas de la vida partidaria; sin embargo, también reflejan las deficiencias que presenta. En esa medida, el texto nos ofrece una reflexión sobre la importancia de las normas en la representación política y el financiamiento de los partidos políticos. Se espera que las futuras reformas normativas sean claras y puedan contribuir con la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos apostando por una subvención pública para fortalecer la democracia y reducir la injerencia de intereses particulares. Esto solo será posible con la actuación conjunta de un organismo supervisor independiente que cuente con la capacidad de verificar la información brindada por los partidos político, y un régimen efectivo de sanciones que asegure su cumplimiento.
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