| dc.description.abstract | En una isla turística de escasa superficie, donde el 43% de su superficie queda protegida por motivos medioambientales, la presión urbanística sobre el suelo rústico es enorme. Ello, unido a una normativa legal poco decidida en su protección, convierte a los cauces públicos en codiciado objeto de interés para usos privativos, pues ofrecen superficie, posibilidad de variados usos y bajo coste.
El conocimiento detallado de los actos administrativos, su corrección y validez, es vital en el caso de las concesiones de ocupaciones de cauces públicos, para evitar que se otorguen para usos y acciones no compatibles o no permitidas, e impedir que sean soporte de la transformación del territorio contraria a los instrumentos de planificación, ya sea por descuido, omisión, desconocimiento o intereses creados.
Se trata de analizar y valorar los conceptos relativos a actos administrativos vinculados a las ocupaciones de los cauces públicos, sus debilidades y fortalezas, su validez y eficacia, su congruencia con el interés público y su incidencia en la trama territorial, presente y futura, de la isla de Gran Canaria. | |
