This article aimed to analyze the appeal of the third ex officio as a constitutional guarantee of the right to defense and the effectiveness of res judicata. In this order, the documentary sources that were studied were represented by: Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela (National Assembly, 1999), Guanipa (1996), Henríquez (1986), Rengel (1995), among others. The study was descriptive, documentary and interpretative. Furthermore, the investigation was conducted with a bibliographical design. Documentary observation was used to the techniques and instruments to collect information, document analysis being applied in order to obtain information concerning the issues raised by the study. According to the study it was concluded that the appeal of the office of the third party by the court, from a legal perspective and procedure therefore must be fully justified even when the cause it proves conclusively that might violate the rights, guarantees and interests of the third party called the process. With this in mind, this is because when such impairment or curtailment is imminent and, of course, somehow aware the judge, either because evidence in the record, or whether because it was only mentioned by one of the parties, the presence the third.  El presente artículo tuvo como objetivo analizar el llamamiento del tercero ex–oficio como garantía constitucional del derecho a la defensa y la eficacia de la cosa juzgada. En este orden, las fuentes documentales que se estudiaron estuvieron representadas por: Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (Asamblea Nacional, 1999), Guanipa (1996), Henríquez (1986), Rengel (1995), entre otros. El estudio fue de tipo descriptivo, documental e interpretativo. Asimismo, la investigación fue realizada con un diseño bibliográfico. Para las técnicas e instrumentos de recolección de información, se utilizó la observación documental, siendo aplicado el análisis documental, con el objeto de obtener la información referente a los aspectos abordados a través del estudio. Según el estudio realizado se pudo concluir que el llamamiento de oficio del tercero por parte del órgano jurisdiccional, desde la perspectiva jurídica y, por ende procesal, deberá estar plenamente justificado, más aún cuando de la causa se desprenda fehacientemente que puedan quebrantar los derechos, garantías e intereses del tercero llamado al proceso. Atendiendo a lo anterior, esto obedece cuando tal menoscabo o cercenamiento sea inminente y, por supuesto, de alguna forma tenga conocimiento el Juez, sea porque se evidencia en actas, o ya sea por haber sido solamente mencionado por alguna de las partes, la presencia del tercero.