La constitución venezolana de 1999 introduce cambios en cuanto a la concepción del Estado y a la adecuación de las instituciones creadas. De ello se desprende la necesidad de introducir modificaciones que viabilicen las relaciones entre el sector universitario y el entorno social. La investigación documental arroja que este marco normativo soporta bases para el reordenamiento educativo, especialmente en cuanto a la noción de responsabilidad, pues constituye el fundamento legitimador de la acción educativa vinculada al proyecto de Estado en Venezuela, convirtiéndose en instrumento de fortalecimiento del sistema democrático. Se describen las iniciativas legislativas dictadas en función de la Responsabilidad Social y se concluye que el desarrollo legislativo ha decantando este concepto.