Desde un punto de vista jurídico-criminológico, el presente artículo analiza algunos aspectos centrales de la justificación del derecho a castigar, tomando como punto de referencia el ejercicio del poder penal y su coherencia (o no) con el discurso generado en la reflexión jurídico-filosófica en torno a los fines y funciones adjudicados a la pena pública. En este sentido, la metodología utilizada corresponde al análisis e interpretación teórica de fuentes primarias y secundarias. Igualmente se toman en consideración las implicaciones de las justificaciones penales en materia de política criminal, y su correspondencia con el modelo garantista de derecho penal, con el objetivo de subrayar la defensa de los derechos y garantías individuales como el maximo criterio de racionalidad del derecho penal dentro del marco político-jurídico del estado de derecho+.