La incorporación al Estatuto del Empleado Público, puesto en vigencia por el Decreto-Ley 6666/57, (ratificado por la ley 14.467), así como a otros cuerpos legales que reglan la situación de diversos sectores del funcionariado de disposiciones que permiten recurrir ante autoridad judicial respecto de sanciones impuestas por funcionarios administrativos, plantea varios problemas cuya dilucidación interesa desde el punto de vista práctico además del específicamente dogmático.