Pasando revista, a la legislación comparada sobre el tema, en 1967 se enfocó el tema, estableciéndose un lapso de suspención de ejecuciones, a condición de que se elaborara un plan de recuperación de la empresa en dificultades. Es claro, que dicho plan, era para la empresa de importancia general o zonal, y el trámite solo podía instarlo, el empresario en dificultades, que debía contar con el informe, de entidades públicas, privadas y bancarias. El empresario en dificultades, era auxiliado, por una organización designada por el tribunal, pero, los acreedores, podían objetar y aportar ideas, sin participación judicial.