El control difuso faculta a los jueces ordinarios para analizar la constitucionalidad de normas en casos concretos, pudiendo inaplicar cualquier precepto que considere sea contrario a la Norma Suprema, sin poder realizar su declaración de inconstitucionalidad, por lo tanto, deberá inaplicar la ley al caso concreto, con efectos inter-partes. En materia de derechos humanos, este control se deberá realizar desde dos perspectivas, como control de la constitucionalidad y control de la convencionalidad de normas, en este último todas las autoridades jurisdiccionales del país en el ámbito de sus respectivas competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia.