La institucionalización de la vejez en Uruguay: del Hospital de Caridad a las “casas de salud”. Las leyes y las fundamentaciones que la hicieron posible

Abstract

En los últimos cincuenta años en Uruguay, el ingreso de las Personas Adultas Mayores en establecimientos de residencia se ha convertido en una práctica extendida. Si bien varían el perfil de su población objetivo, la totalidad de estas instituciones tienen en común la exigencia de contar con la dirección técnica de un médico, preferentemente con especialidad en geriatría. Por otra parte, los datos oficiales indican que en el presente, estos dispositivos de cuidado se ubican en un 90 % dentro de la órbita privada regulada por reglas del mercado, distribuyéndose el restante 10 % entre establecimientos estatales y emprendimientos privados sin fines de lucro que cuentan con el apoyo de políticas públicas. Con respecto a las normativas, la Ley Nº 17.066 de Hogares de Ancianos, aprobada en 1998, es la primera en el país dirigida a regular estos emprendimientos privados. A pesar de su vigencia, y de las múltiples disposiciones que en los últimos veinte años se han sancionado sobre la temática, el control estatal para el cumplimiento de las reglamentaciones es claramente deficitario. Es evidencia de lo anterior los datos aportados por el Ministerio de Salud Pública en el año 2018, según los cuales: sólo 18 establecimientos de un total de 943 registrados, se encuentran habilitados para funcionar. La presente situación interpela desde una perspectiva de derechos las formas de cuidado dirigido a un sector importante de población. Es propósito de este trabajo aportar insumos que permitan problematizar esta práctica que parece haber sido naturalizada por nuestra sociedad. La investigación se posiciona desde la perspectiva genealógica propuesta por Foucault, en pro de comprender ¿cómo esta situación llegó a ser posible en Uruguay? Para ello se realiza una búsqueda de documentos que den cuenta de la institucionalización de la vejez en la historia del país. Dentro del material consultado se consideraron las reglamentaciones reguladoras de este tipo de instituciones, atendiendo el propósito de las mismas y el perfil de la población objetivo a las que estaban dirigidas, así como los proyectos y debates parlamentarios en los que se fundamenta esta práctica y la participación de distintos actores en la misma.

In the last fifty years in Uruguay, the entry of the Elderly in residential establishments has become an extended practice. Although the profile of the target population varies, all of these institutions have in common the requirement of having the technical direction of a doctor, preferably with a specialty in geriatrics. On the other hand, official data indicate that at present, these care devices are located at 90% within the private orbit regulated by market regulations, with the remaining 10% being distributed among state establishments and private nonprofit ventures that they have the support of public policies. With regard to regulations, Law No. 17.066 on Nursing Homes passed in 1998, is the first in the country aimed at regulating these private enterprises. Despite its validity, and the multiple provisions that have been sanctioned on the subject in the last twenty years, state control for compliance with regulations is clearly deficient. Evidence of the above is the data provided by the Ministry of Public Health in 2018, according to which: only 18 establishments out of a total of 943 registered are enabled to operate. The present situation questions from a rights perspective the forms of care aimed at an important sector of the population. It is the purpose of this work to provide inputs that allow problematizing a practice that seems to have been naturalized by our society. The research is positioned from the genealogical perspective proposed by Foucault, in order to understand how this situation became possible in Uruguay? To do this, a search is made for documents that account for the institutionalization of old age in the country's history. Within the material consulted, the regulatory regulations of this type of institutions were considered, taking into account their purpose and the profile of the target population to which they were addressed, as well as the parliamentary projects and debates on which this practice is based and the participation of different actors in it.