Los crecientes pronunciamientos de actores de la Comunidad Internacional acerca de la situación venezolana para nada deberían sorprendernos, si los miramos a la luz de los cambios que se han venido dando en el contexto global desde la década de los 1990. En lo que atañe concretamente a la efectiva promoción y protección de los derechos, ha tenido lugar un auténtico cambio paradigmático no sólo en la concepción acerca de cuál es la responsabilidad del Estado y la Comunidad Internacional en esta materia, sino que se expresa también en la adopción de una visión mucho más amplia y profunda respecto a quiénes somos responsables de la vigencia efectiva de los derechos humanos fundamentales.