El origen de la distinción entre relaciones de sujeción, generales y especiales, tiene lugar en un contexto totalmente diferente al que vivimos en Venezuela hoy en día. El uso indiscriminado de esta figura por la jurisprudencia, expandiendo el ámbito de aplicación de las relaciones de especial sujeción a situaciones jurídico administrativas que nada tienen que ver con la misma, nos ubica en el terreno de la arbitrariedad. En efecto, los particulares que desarrollan una actividad económica en pleno ejercicio de la libertad de empresa como derecho fundamental, con bienes de propiedad privada, aun cuando la actividad de que se trate sea de las llamadas vigiladas o fuertemente reguladas por la Administración, no están sujetos a potestades derivadas de una relación de especial sujeción. Otro aspecto medular del tema es el de las garantías jurídicas derivadas del Principio de Legalidad Sancionatorio, a saber: la reserva legal y consecuentemente el mandato de tipificación. Estas garantías, formal y material, deben ser respetadas por el Poder Público cuando se pretenda restringir o limitar el ejercicio de un derecho fundamental, con independencia de si la sujeción al ejercicio de potestades por el Estado es general o especial. En este sentido, si bien en Venezuela la práctica ha sido y sigue siendo la de soslayar estas garantías, no únicamente en el ámbito sancionatorio y disciplinario, sino en la regulación de la economía, hoy resulta injustificable e inaceptable dicha práctica.The special relation State-citizen was born in a total different context than the Venezuelan reality. The jurisprudence expanses the special relation to general relation and reduces the economics freedom with the peoples power. The Government and Judges have to carry out the law. They have to respect the guarantee’s law in order to govern.