| dc.description.abstract | Para la sociedad peruana uno de los problemas más graves es la inseguridad ciudadana, y es que, debido a las políticas infructuosas emitidas por los gobiernos de turno, la corrupción, la falta de educación, entre otros aspectos, ello no ha podido mermar, y cada día somos testigos o víctimas de este mal social. Así las cosas, el gobierno, al no poder mediante políticas eficientes frenar la inseguridad ciudadana, le ha relegado al derecho esa tarea, por ello, tenemos hoy en día leyes que regulan, tipifican y sancionan conductas contrarias al orden público y que protegen los bienes jurídicos, siendo que mediante ello se busca de alguna manera luchar contra la inseguridad ciudadana.
Es así, que prueba de esa lucha contra la inseguridad y en protección de los bienes
jurídicos de la sociedad es que se instauró ya hace mucho, la institución del proceso
inmediato aplicado a los delitos de flagrancia, pues el legislador pensó, que si se
encontrase a una persona in fraganti cometiendo el hecho delictivo no habría más
tiempo que perder y procesar al autor, ello resulta razonable, sin embargo, como veremos más adelante no en todos los casos la justicia rápida es sinónimo de eficiencia, más aun cuando esa rapidez vulnera el derecho constitucional a la defensa.
Por ello, el presente trabajo de investigación analiza el proceso inmediato, sus características y la flagrancia delictiva como presupuesto habilitante. También examina la flagrancia delictiva y sus clases. También, busca precisar correctamente el concepto de presunción de flagrancia y verificar si la normatividad vigente al respecto resulta correcta e idónea para sus fines. Finalmente, precisa algunas críticas en torno al proceso inmediato y a la imposición de las penas producto de esta. | |
