| dc.description.abstract | El sistema jurídico, encabezado por la Constitución Política, distingue a una
clase de trabajadores públicos, denominados "altos funcionarios"
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, y dentro de los
cuales hallamos al Presidente de la República, Congresistas de la República, Ministros
de Estado, magistrados del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo Nacional
de la Magistratura, magistrados supremos, miembros de la Junta de Fiscales Supremos,
Defensor del Pueblo, miembros del Jurado Nacional de Elecciones, Presidentes y
Consejeros de los Gobiernos Regionales, Alcaldes y Regidores Provinciales y Alcaldes
y Regidores Distritales.
El desempeño irregular de la función pública por parte de los “altos
funcionarios” puede traer consigo responsabilidades diversas de carácter político, civil
o penal, siendo ésta última la que nos interesa por la maestría desarrollada.
La imputación de la comisión (u omisión) de una conducta penalmente
reprochable a los “altos funcionarios” producto del ejercicio de la función pública los
sitúa en una situación de privilegio frente a los demás ciudadanos al corresponderles
un procedimiento especial debido a su investidura.
No obstante la existencia de razones válidas que justifican tales procedimientos
especiales de juzgamiento, aquellos procedimientos deben guardar compatibilidad con
la Constitución Política, radicando en este aspecto el problema de investigación, pues
tras un análisis de la regulación normativa de dichos procedimientos se ha podido
advertir una contradicción entre la autonomía del Ministerio Público como único
órgano titular de la acción penal, y los procedimientos especiales previstos para el
juzgamiento de altos funcionarios, al reservar a su propios pares Congresistas, y
no al órgano constitucionalmente designado, como es el Ministerio Público, la
investigación y, de ser el caso, la acusación por la comisión de delitos de función. | |
