Las Leyes de Defensa Nacional (1988) y de Seguridad Interior (1991) definieron en la Argentina una distinción taxativa entre política de defensa nacional y política de seguridad interior. Pero sólo dieciocho años después de la sanción de la primera, su reglamentación fue promovida y concretada por la gestión de la Ministra Nilda Garré (diciembre de 2005 a diciembre de 2010), especificando como “misión principal” de las Fuerzas Armadas –“conjurar y repeler toda agresión externa militar estatal”- y estableciendo cuatro “misiones subsidiarias” –participar en el marco de operaciones multilaterales de Naciones Unidas, en operaciones de seguridad interior previstas por la Ley de Seguridad Interior, en operaciones de apoyo a la comunidad nacional o de países amigos, y en la construcción de un sistema de defensa subregional. Como han señalado diversos analistas, desde la década de 1990 esa distinción normativa entre defensa nacional y seguridad interna y entre el rol que las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad poseen respectivamente, tendió a ser puesta en discusión recurrentemente por iniciativas de dirigentes políticos gubernamentales y con representación parlamentaria y por sectores de la conducción militar, reivindicado un involucramiento castrense en la seguridad interior en el denominado problema de las “nuevas amenazas”, entendiendo por ellas el crimen trasnacional, el narcotráfico, migraciones masivas y pobreza, catástrofes naturales. Desde estas perspectivas se asume que la naturaleza de estas problemáticas disolvería las distinciones actualmente vigentes entre amenazas externas e internas, estatales y no estatales, militares y criminales.Mesa 20: Paz y guerra entre las naciones. Política exterior y de defensa.Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación