El objetivo es, determinar los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos aplicables a un Estado de la región que ha denunciado la Convención Americana y Carta de la OEA, en un contexto en el que se registra una alteración al orden constitucional y un cuadro generalizado y sistemático de violaciones de los referidos derechos, identificar las consecuencias que genera la denuncia de estas entidades, analizar el alcance de las obligaciones internacionales en materia de protección y promoción cuando el Estado ha dejado de ser parte de la OEA.