masterThesis
Justicia contencioso administrativa: su activación a través de los recursos previstos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Ecuatoriana
Fecha
2006Registro en:
Durán Proaño, Elena. Justicia contencioso administrativa: su activación a través de los recursos previstos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Ecuatoriana. Quito, 2006, 89 p. Tesis (Maestría en Derecho. Mención en Derecho Administrativo). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Derecho.
T-0404
Autor
Durán Proaño, Elena de las Mercedes
Institución
Resumen
Sobre la base del principio de justiciabilidad de los actos administrativos,
consagrado en el artículo 196 de la Constitución Política de la República del
Ecuador y de la anacrónica clasificación del recurso contencioso administrativo
en: subjetivo o de plena jurisdicción y objetivo o de anulación, establecida en el
artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, he
desarrollado esta tesis que tiene como propósito fundamental determinar el
marco legal que en el ámbito ecuatoriano, permite la activación de la justicia
contencioso administrativa.
Las reformas constitucionales de diciembre de 1992, otorgaron a los
tribunales distritales de lo contencioso administrativo, competencia para
conocer y resolver, en única instancia y mediante la interposición de los
recursos contencioso administrativos antes indicados, las impugnaciones de los
actos administrativos y normativos expedidos por la Administración en ejercicio
de la potestad estatal; atributo que hasta entonces había correspondido al
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción nacional.
Tales presupuestos constituyen el fundamento de esta tesis que aborda
también, temas necesariamente inmersos en la justicia contencioso
administrativa, como administración, justicia, principios de legalidad y
constitucionalidad, autotutela administrativa y tutela jurisdiccional final;
distinción entre los recursos subjetivo y objetivo y la acción de lesividad, los
términos legales previstos para su ejercicio, los operadores de la justicia
contencioso administrativa, y, finalmente, la determinación de los asuntos
sometidos a la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad con el
ordenamiento jurídico administrativo vigente.