| dc.description.abstract | El Régimen Penal Cambiario –en adelante, el RPC– ha generado arduas polémicas en torno a la interpretación y constitucionalidad de varias de sus disposiciones. Muchas de ellas fueron zanjadas jurisprudencialmente, pero otras continúan aún pendientes de resolución pacífica. Si bien estas discusiones, de momento, no revisten gran relevancia práctica por la eliminación de la mayoría de las restricciones y controles que pesaban sobre el mercado de cambios1, de todas formas, considero que aún resulta de interés realizar un análisis dogmático de la cuestión, en especial, teniendo en consideración que la ley 19.359 se encuentra vigente y tan solo con la emisión de normas administrativas podría resurgir su plena operatividad.
En consecuencia, será objeto del presente trabajo analizar uno de los puntos más cuestionados respecto del RPC, relativo al plazo de prescripción de la acción penal cambiaria (artículo 19° de la ley 19.359), a fin de demostrar su inconstitucionalidad y los problemas de interpretación que de su texto se derivan. De esta forma quedará en evidencia la necesidad de modificación de la norma en este punto, de modo tal que resulte consonante con el sistema penal que integra y respetuoso de los principios más básicos dispuestos por la Constitución Nacional Argentina y por los Tratados Internacionales a incorporados a ésta.
A los fines expuestos, primeramente, comenzaré por definir de qué se trata el RPC, cuál es su finalidad, los principios por los que se rige, y cuáles son los bienes jurídicos que pretende proteger; de modo que al comprender esto, podamos abordar con mayor criterio la cuestión que nos convoca. | |
