Miradas sobre el castigo penal de los ciudadanos comunes

Abstract

En Córdoba, la participación lega en la Administración de Justicia fue implementada a partir de la Ley 9182, en respuesta a las demandas de un movimiento social derivado de la sensación de inseguridad frente al delito, liderado por Blumberg. En este contexto, el endurecimiento penal es planteado como una herramienta para reducir el comportamiento desviado, percepción que choca con la perspectiva garantista de los juristas. Empleando datos de encuesta de población general recogidos en Córdoba en 1993 y 2011, el presente artículo analiza la evolución de la demanda social de castigo, revisando temas como la imagen social de los delincuentes, la conformidad con los niveles de castigo penal o las opiniones respecto a la pena de muerte. Se toma en cuenta especialmente la influencia de la sensación de inseguridad sobre las actitudes respecto del castigo. El análisis de las actitudes ciudadanas ante el castigo no se limita a los datos de opinión, sino que se extiende hacia el terreno judicial, revisando el modo en que se manifiestan en la dureza de sus decisiones como jurados. Para ello, se comparan las decisiones de jueces y jurados, tal como han sido registradas en 213 sentencias emitidas por este procedimiento entre 2005 y 2012