A comienzos de la década de los noventa, el país experimento una serie de cambios institucionales y de reformas en la política de vivienda, el gobierno central dejo de ser el promotor principal de vivienda, para convertirse en facilitador y dar paso al sector privado en la construcción de vivienda de interés social (VIS). El nuevo enfoque económico y social, estuvo acompañado de una liberalización comercial y financiera, que flexibilizo la entrada al país de capital extranjero, permitiendo flujos masivos de capital que impactaron directamente el funcionamiento de los mercados internos, el crecimiento económico de la nación y contribuyendo a la aguda crisis de 1999, que estuvo marcada por altas tasas de interés, disparando los costos de los créditos hipotecarios, que impedían que los deudores individuales y empresariales pudieran atender cumplidamente sus obligaciones