La salvaguarda severa se trata de amagos de salida del sistema federal a manera de represalias, de las que se advierten efectos desastrosos. Las tres salvaguardas siguientes se consideran leves al no corregir individualmente las transgresiones, sino que pueden aumentar su incidencia, por lo que deben disponerse de manera complementaria. La salvaguarda estructural es la supervisión federativa del proceso legislativo de las políticas nacionales. Su crítica es que están dirigidas sólo a la invasión, su umbral es imperfecto y podrían causar la competición sub-nacional en lugar de la integración. La salvaguarda política se basa en el sistema federativo de partidos. Su evaluación ha arrojado incapacidad de sancionar a militantes, impaciencia que desvirtúa la salvaguarda y otras prioridades tangibles antes que las federativas. La salvaguarda judicial es la sentencia federativa. Se le acusa de carencia de incentivos, virtual asociación al ejecutivo y la “no exclusividad federativa”. Finalmente, la salvaguarda popular, el voto federativo, es considerada de consecuencia variable. Sus deficiencias podrían ser la falta de información, dificultades de selección, intereses predominantemente locales e, incluso, la recompensa al oportunismo. El factor humano acentúa en todas las salvaguardas inconsistencias de umbral y de interpretación. Los consejos federativos se constituyen como la salvaguarda intergubernamental si, además de acercar a los gobiernos federales y sub-nacionales, permiten la coordinación estratégica en la prevención del unilateralismo disruptivo. El avance de la salvaguarda intergubernamental se mide a través de seis categorías. La coordinación de la política pública es el desarrollo del ajuste mutuo negociado desde el simple intercambio de información hasta consolidarse con la implementación común. La capacidad de los consejos intergubernamentales para procesar problemas de importancia federal implica que las partes “se abran” al consenso, iniciando con temas federales poco relevantes hasta decidir políticas redistributivas cofinanciadas. El nivel de institucionalización es el adelanto normativo en función de la frecuencia de reuniones, la preparación de la agenda, la definición de comisiones y la integridad de las decisiones. Los resultados vinculantes implican la efectividad productiva en función del perfeccionamiento de dos aspectos: los tipos de resultados y los procesos de coordinación. El dominio del gobierno federal es la imposición de la coordinación jerárquica. La ayuda externa constituye la influencia contextual, sea positiva o negativa, a través del sistema de partidos, la participación sub-nacional en otros escenarios de decisiones nacionales, la presión internacional, la compartición de ideas con otras organizaciones, o bien, el poder adquisitivo federal.Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma del Estado de México