El correcto funcionamiento de la administración pública: fundamento de incriminación de los delitos vinculados a la corrupción pública

Abstract

El presente estudio pretende efectuar un análisis político-criminal y dogmático penal de la intervención del Derecho penal en el ámbito de los delitos contra la administración pública, de tal manera que se examine la legitimidad del Derecho penal en la prevención de la corrupción pública. En ese sentido, se demostrará que este tipo de delitos no busca sancionar las meras desobediencias a la autoridad o infracciones de deberes y principios éticos funcionariales, sino fundamentalmente asegurar que la función pública misma cumpla las finalidades sociales de carácter prestacional constitucionalmente rece la tutela penal en la medida en que es el instrumento a través del cual el Estado hace llegar de manera igualitaria los servicios públicos, como educación, salud, seguridad, etc., a los ciudadanos, posibilitando el disfrute efectivo de sus derechos fundamentales. Sobre esta base, se mostrará cómo es que el correcto funcionamiento de la administración pública es el bien jurídico genérico, de naturaleza colectiva, o ratio legis en los delitos vinculados a la corrupción en el ámbito público.

This paper aims to make a criminal policy and criminal theory analysis of the intervention of Criminal Law in the field of offences against public administration, so that the legitimacy of criminal law in preventing public corruption is under consideration. In that sense, this study will show how this kind of offences does not seek to punish mere disobediences to the authority or breaches of duties and ethical principles of the public workers, but essentially ensure that the public service itself accomplishes the social aims constitutionally foreseen. Public administration, understood as a public service, deserves criminal protection insofar as it is the instrument through which the State offers equally public services such as education, health, safety, etc., to citizens, enabling the effective enjoyment of their fundamental rights. On this basis, this paper will show how the proper functioning of public administration is the generic legally protected object, of a collective nature, or ratio legis in offences linked to corruption in the public domain.