89 p.La concesión de obra pública, constituye un contrato administrativo que presenta utilidades a tres partes a saber: a la población, que se sirve de las obras públicas fiscales, por medio de las cuales se satisface el servicio público; a la sociedad que presta los servicios de construcción, la cual se adjudica un negocio de grandes proporciones económicas y logra su pago mediante la explotación de la obra por un período establecido; y al Estado, que consigue satisfacer la necesidad pública a un bajo costo y con positivos resultados para la población. La serie de dificultades derivadas del desarrollo de éste contrato, de la puesta en marcha y explotación de la obra, se resuelven por una Comisión en primera instancia pacificadora e intermediaria de los intereses involucrados, y en segunda instancia, de carácter jurisdiccional, con poder de decisión obligatorio para las partes.