114 h. ; 28 cm.La planificación urbana en nuestra ley constituye una función privativa del Estado, el actuar privado deberá sujetarse a dichas directrices para orientar las decisiones de inversión. Para determinar si nuestra Ley General de Urbanismo y Construcciones respeta el orden Constitucional se debe primeramente verificar si ciertos principios encuentran amparo en la ley, tales como la reserva legal y el respeto al contenido esencial del derecho, especialmente en materia de propiedad (artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política),sin embargo tal tarea no resulta fácil; ya que esta materia contiene un alto contenido técnico, resultando la aplicación de la potestad reglamentaria necesaria para la ejecución de la planificación urbana; así; para algunos la reserva legal resulta debilitada en este aspecto.