60 h. ; 28 cm.Las entidades religiosas no católicas, durante años fueron discriminadas por el ordenamiento jurídico, en lugar de tener personalidad jurídica de derecho público, eran consideradas instituciones de rango inferior, debiendo organizarse como personas jurídicas de derecho privado, de acuerdo a las normas establecidas para constituir corporaciones. La ley número 19.638 modifica esta realidad, permitiendo una igualación material de los distintos credos religiosos, elevando su status jurídico y reconociéndoles personalidad jurídica de derecho público, que les permite actuar con independencia de la supervigilancia estatal. En esta investigación se estudiarán las consecuencias de este cambio, cómo influyen en su actuar, analizando a través investigación jurídica dogmática, la aplicación práctica, sus inconvenientes y posibles correcciones. Los resultados dejan de manifiesto que hoy, todas las iglesias poseen un tratamiento igualitario, que les permite desarrollar sus fines, con un respaldo legal y constitucional, que otorga seguridad y estabilidad.