Competencia de la JEP para investigar al sector empresarial y civil, por la financiación y colaboración de grupos armados ilegales en el conflicto colombiano

Abstract

The transitional justice process is necessary only in exceptional cases where there are a series of transitional measures so that States can face serious human rights violations, resulting in a conflict or exceptional situation. The goal of transitional justice in Colombia involves bringing the perpetrators to trial, revealing the truth about the events related to the crimes that occurred, repairing the victims and also promoting reconciliation. In the same way, the Colombian Government negotiated with the FARC a Special Jurisdiction for Peace (JEP) agreement; which implies a sovereign exercise of both criminal and disciplinary functions of the State. They also bear a binding power in all their decisions, in addition to their superiority over those taken by other authorities in accordance with the same circumstances. The conflict as an evident part of the interaction of people far from being appreciated as human irregularity, anomaly or reproachable condition must be understood to come from the same diversity of human nature, also has formulas of arrangement such as direct dialogue, conciliation , mediation among others.This research is based on studying the competence of the JEP to investigate the business and civil sector, for the financing and collaboration of illegal armed groups in the Colombian conflict, that is; in which way employers and other legal persons are protected so that they are guaranteed rights in interventions in accordance with current law.

El proceso de justicia transicional es necesario solo en casos excepcionales donde se producen una serie de medidas transitorias para que los Estados puedan enfrentar graves violaciones a los derechos humanos, con ocasión a un conflicto o situación de excepción. El objetivo de la justicia transicional en Colombia implica llevar a juicio a los perpetradores, revelando la verdad acerca de los hechos relacionados con los crímenes ocurridos, reparando a las víctimas y además de promover la reconciliación. De la misma forma, el Gobierno Colombiano negoció con las FARC un acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); que implica un ejercicio soberano de las funciones tanto penales como disciplinarias del Estado. Asimismo, sobrellevan un poder vinculante en todas sus decisiones, además de la superioridad en las mismas frente a las que toman otras autoridades de acuerdo con las mismas circunstancias. El conflicto como parte evidente de la interacción de las personas lejos de apreciarse como irregularidad humana, anomalía o condición reprochable se debe entender que proviene de la misma diversidad de la naturaleza humana, asimismo posee fórmulas de arreglo como lo son el dialogo directo, la conciliación, la mediación entre otros.Esta investigación se fundamenta en estudiar la competencia de la JEP para investigar al sector tanto empresarial como civil, por la financiación y colaboración de grupos armados ilegales en el conflicto colombiano, es decir; de qué forma se protegen a los empresarios y demás personas jurídicas para que se les garanticen los derechos en las intervenciones de conformidad con la ley vigente.