Hace 30 años, fuimos testigos y gestores de un movimiento en nuestra región y país que propendía por la conservación y preservación de recursos naturales, con la participación de la comunidad; una necesidad que en nuestros tiempos resulta ser bastante obvia, pero que en aquel momento resultaba difícil de dimensionar. Se hacía prioritario contar con profesionales capaces de formular y liderar proyectos ambientales de alto impacto para las comunidades. Esta coyuntura coincidió de manera propicia con la llamada “Ley del Medio Ambiente” Ley 99 de 1993.