¿La elección popular un derecho universal o restringido?

Abstract

En virtud de la cláusula de la soberanía popular se le confiere a todo ciudadano el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, mediante herramientas reforzadas no solo por la supremacía de la Constitución Política en el ordenamiento jurídico colombiano sino por los tratados e instrumentos internacionales incorporados a este por el bloque de constitucionalidad. La constitución colombiana de 1991 previó en sus disposiciones normativas el régimen de inhabilidades para los aspirantes a ser elegidos a cargos de elección popular con el fin de preservar la efectividad de los principios, deberes y derechos de moralidad, imparcialidad, eficacia y trasparencia del sistema electoral con el propósito de evitar el aprovechamiento indebido de la política, la vinculación a estos cargos de personas condenadas en cualquier época por sentencias judiciales, la posibilidad de nepotismo y la constitución de dinastías familiares. Sin embargo, tras la Ley estatutaria 1475 de 2011 por la cual “se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales”, cientos de personas fueron excluidas de las listas de los partidos para las elecciones locales debido a que esta Ley obliga a los partidos políticos a hacerse responsables de las personas que postulan en sus listas para ser elegidos por voto popular.