Responsabilidad del estado por conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del ministerio público

Abstract

El Ministerio Público, en las funciones de investigar y perseguir penalmente, que le son propias, puede incurrir en conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias que admiten ser fuente de responsabilidad del Estado, como lo establece el artículo 5º de su Ley Orgánica Constitucional. Estos atributos, los mismos requeridos por la Constitución Política para perseguir la responsabilidad del Estado-Juez, no fueron definidos en la ley. El estándar de exigencia para imputar la responsabilidad del Ministerio Público ha resultado ser más estricto que el requerido para establecer la responsabilidad general del Estado por falta de servicio. Es por ello que resulta útil efectuar un análisis de las sentencias de la Corte Suprema que se han dictado cuando se ha pretendido hacer efectiva la responsabilidad del Ministerio Público, buscando en ellas la existencia de elementos comunes o un hilo conductor que oriente acerca de los parámetros que la hacen procedente, con el objeto de verificar si el artículo 5º de la Ley N° 19.640 ha sido una herramienta eficaz para tutelar las garantías establecidas por la Constitución y las leyes y si ha existido una variación en el tiempo en lo que a dicha tutela se refiere.