En cualquier debate equilibrado sobre la materia se asiste al reconocimiento de que a los adolescentes que cometen delitos se les debe imponer sanciones distintas de las del Derecho Penal común, por razones de justicia y de utilidad social. Desde el punto de vista de la justicia, normas internacionales sobre derechos humanos de las personas menores de dieciocho años reconocen el derecho a una respuesta que evite los daños en el desarrollo de los adolescentes y que minimice al máximo los perjuicios que el sistema penal provoca en la integración social de estas personas.