Situación actual de las víctimas de desplazamiento en el municipio de Pelaya, Cesar; goce efectivo del derecho a la vivienda, salud y educación en el contexto de la dignidad humana

Abstract

El especial tratamiento que deben recibir las víctimas de desplazamiento por parte del estado está relatado en la Sentencia T-025 de 1994 de la Corte Constitucional de Colombia, que reconoce los deberes y la obligatoriedad del estado frente a la protección de los derechos fundamentales de los desplazados. El desconocimiento sobre la real implementación y el efecto de las políticas estatales que buscan atender la población desplazada, que permitan la ratificación legislativa o la reformulación de dicha política en beneficio de esta población justifican la elaboración de este estudio. El objetivo propuesto fue evaluar el cumplimiento y el goce efectivo de los derechos a la vivienda, salud y educación en una población de desplazados que retornaron a la zona rural del municipio de Pelaya. Este estudio utilizó la metodología hipotética deductiva, utilizando la entrevista como herramienta de recolección de información. Fueron incluidas 74 familias para un total de 242, 98 menores de edad, 123 hombres y 119 mujeres, Se realizó análisis de datos con tablas de frecuencias con intervalo de confianza del 95% (Epi Info versión 3.5.2 2010). Los resultados obtenidos fueron: 36,32% de cumplimiento para el derecho a la educación, 24,90% en vivienda, y 24,30% salud. De manera general, se evidenció bajo desempeño en todos derechos evaluados. Finalmente se recomienda que todas las entidades designadas para la verificación del mandato constitucional incluyendo la sociedad civil evalúen continuamente cada comunidad para garantizar prioritariamente los derechos de las víctimas.

The special treatment that must be received by victims of displacement by the state is reported in Judgment T-025 of 1994 of the Constitutional Court of Colombia, which recognizes the duties and the obligation of the state to protect the fundamental rights of the Displaced persons. The lack of knowledge about the real implementation and the effect of the state policies that seek to attend to the displaced population that allow the legislative ratification or the reformulation of this policy for the benefit of this population justify the elaboration of this study. The objective was to evaluate the fulfillment and effective enjoyment of the rights to housing, health and education in a population of displaced persons who returned to the rural area of the municipality of Pelaya. This study used the deductive hypothetical methodology, using the interview as a tool for collecting information. A total of 74 families were included for a total of 242, 98 minors, 123 males and 119 females. Data were analyzed using frequency tables with a 95% confidence interval (Epi Info version 3.5.2 2010). The results obtained were: 36.32% compliance was obtained for the right to education, 24.90% for housing, and 24.30% for health. Finally, it is recommended that all entities designated for the verification of the constitutional mandate, including civil society, continually evaluate each community to guarantee the rights of victims as a matter of priority.