Alcances de la protección del derecho internacional humanitario frente al desarrollo tecnológico de medios y métodos de guerra en conflictos armados.

Abstract

El desarrollo tecnológico de los últimos años a nivel mundial ha sido acelerado, provocando varios avances en diversos campos del quehacer humano, incluyendo las armas y la forma de utilizarlas en los conflictos armados. Frente a esta realidad y buscando responder a las necesidades y desafíos que los conflictos actuales plantean, el Derecho Internacional Humanitario ha debido interpretar e implementar sus normas de una manera distinta. A través del tiempo, aparecieron ciertas restricciones que ahora podrían verse desfasadas por el vertiginoso desarrollo tecnológico, pero desde sus inicios, el Derecho Internacional Humanitario preveía la posibilidad de la existencia futura de armas que no se encuentren debidamente reguladas, tal y como se señaló en la declaración de San Petersburgo. En la actualidad, los Estados se encuentran obligados a examinar la legalidad de estas armas antes de implementarlas, obligación que se encuentra plasmada en el artículo 36 del Protocolo Adicional I de 1977. Este examen debe partir del principio del Derecho Internacional Humanitario que señala que el derecho de los combatientes a elegir los medios y métodos de guerra no es ilimitado y por lo tanto la falta de regulación específica acerca del uso de un arma no implica su autorización. Al implementar un análisis de legalidad de este tipo, se deben analizar las prohibiciones específicas y generales de Derecho Internacional de una manera adecuada, pues cada una puede tener un alcance más o menos importante dependiendo del arma que se examine; lo cual se detalla claramente, como una guía para el examinador en el presente trabajo. Una vez realizado el examen, el Estado debe tener en cuenta que el mismo puede generar obligaciones internacionales, por lo que en este trabajo se analiza cada una de las posibilidades que los Estados deben considerar antes de implementar un apropiado proceso de examen de legalidad, según las normas internacionales que le sean aplicables.