La educación jurídica tradicional se basa en prácticas influenciadas por la teoría normativista-formalista que perjudican los parámetros democráticos, por ello se revisaron las teorías del ejercicio de la abogacía desde lo pragmático-instrumental, como un apoyo para reconfigurar dicha educación. La forma de erradicar prácticas antidemocráticas es atendiendo tres aspectos metodológicos: las tecnologías de la información, la selección de profesores y la evaluación de alumnos y catedráticos. El dinamismo democrático se puede sobreponer al anacronismo de la tradición jurídica mexicana que influye en su enseñanza, y con ello orientar la educación jurídica hacia un humanismo transformador acorde con la universidad pública.