En México, la figura de la candidatura independiente ha sido un tema reiterado a largo de su historia. En la época posrevolucionaria esta modalidad era aceptaba, pero desapareció en 1946, cuando se dio a conocer la prohibición expresa que otorga la exclusividad a los partidos políticos para postular candidatos que compitieran en comicios electorales. No obstante, a partir de la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de 2012, se reconoce, en la fracción II del artículo 35 constitucional, que el derecho a ser votado puede ejercerse de manera independiente, esto es, sin ser postulado por partido alguno. La inclusión de esta figura se dio, en términos generales, por la necesidad de ampliar el marco de intervención de la ciudadanía en los asuntos de interés público y, en términos específicos, a la percepción que tiene la ciudadanía de los partidos políticos. La prohibición de las candidaturas independientes reducía el derecho al voto de la ciudadanía que no se siente representada por la ideología de algún partido político. El artículo transitorio de la reforma de 2012 estableció que tanto los congresos locales como el federal tendrían un plazo no mayor a un año para hacer las adecuaciones necesarias a sus constituciones y leyes electorales; sin embargo, no fue sino hasta el proceso electoral de 2014-2015 que se pudo observar de manera más activa. Al constituirse esta forma de candidatura independiente como una opción política real para el electorado y luego del análisis del proceso electoral pasado, fue posible identificar las dificultades de quienes deciden participar a través de esta vía, y es que pese a los esfuerzos de los legisladores por incorporar esta figura en 2 el régimen electoral mexicano de manera equitativa frente a los candidatos postulados por partidos políticos, no se ha podido dar por completo en la práctica. Uno de los candados en el Estado de México es el hecho de que los aspirantes sólo pueden participar mediante el principio de mayoría relativa y dejan de lado el de representación proporcional para la integración de los ayuntamientos. Por lo anterior, se ha buscado mejorar la calidad de la democracia y la entidad ha sido firme en acatar los ordenamientos del ámbito federal; aun así es necesario que el Estado regule de manera adecuada y sea garante de la equidad en la contienda, salvaguardando el derecho de que todo ciudadano mexiquense que cumpla con los requisitos previamente establecidos tenga acceso a participar en los cargos de elección popular.