En tiempos recientes, los grandes proyectos de inversión en hidrocarburos han sido la fuente de los más graves conflictos sociales ocurridos en el Perú. Las organizaciones sociales y campesinas afectadas por los efectos negativos de las empresas extractivas han exigido principalmente respeto por el medio ambiente y una mejor redistribución de las riquezas generadas. En algunos casos, estas exigencias se han canalizado a través de protestas que han infringido el orden público (bloqueos de carreteras, daños a la propiedad pública y privada, y otros actos asociados a disturbios y perturbaciones a la tranquilidad pública). Frente a ello, una de las formas de respuesta del Estado ha sido poner en funcionamiento su poder coercitivo en la modalidad de persecución penal; así, se han abierto procesos judiciales contra varios de los dirigentes sociales que han liderado estos movimientos, acusándoles por la comisión de diversos delitos que implican potencialmente prisión efectiva y penas elevadas.