El municipio Tlacolula de Matamoros ha presentado un conflicto relacionado con el control del agua potable a partir del año 2010, dentro de un contexto de crecimiento poblacional y demanda de casa-habitación de la ciudad de Oaxaca, capital del Estado, cercano a la población bajo estudio. El trabajo aborda un análisis sobre el desarrollo de la conflictividad relacionada con este recurso en la escala temporal de tres décadas, a partir de la desconcentración de la administración federal del agua por una administración local. Así se explican a lo largo de la tesis la conformación de redes asimétricas de poder, y la influencia de factores externos tales como las políticas económicas nacionales e internacionales relacionadas con las políticas neoliberales. En la presente investigación se efectúa una serie de reflexiones y análisis en torno a la capacidad de las agrupaciones civiles, autoridades locales y demás colectivos de generar conflictos basados en el control y explotación de recursos naturales, en específico del agua potable, contextualizando temas como administración de cuencas y su gestión, el apremio de las naciones en el manejo de escasos suministros de agua y la presión de estos con las dinámicas específicas en un espacio definido y en concreto el nivel municipal de acción. Enmarcado el presente estudio dentro de la línea argumental, temática y teórica de las problemáticas de impacto ambiental y de abasto de agua, podemos comentar que es preocupante la falta de estudios con carácter antropológico en el área oaxaqueña y con el tema del agua dentro de los eventos conflictivos que se han suscitado en el estado, aunado además a los importantes cambios sociales que se están desarrollando en general en todo Oaxaca a partir del movimiento magisterial del año 2016. Como se irá presentado en el trabajo, en Tlacolula de Matamoros confluye todo tipo de tenencias de la tierra, pues existe la presencia de terrenos comunales, ejidales, pequeña propiedad, lotes baldíos, terrenos propiedad del gobierno del estado, terrenos de propiedad privada de instituciones federales como el INAH, o la CFE, así como del mismo municipio, es decir en un mismo territorio político administrativo, además de contar con tierras en litigio e invadidas por diversos grupos políticos.