La experiencia política propia y del contexto latinoamericano demuestra que para racionalizar el ejercicio del poder, entre otros aspectos esenciales, se hace necesario determinar con precisión dogmática, procesal y procedimental que los órganos políticos del Estado, ejerzan sus competencias, de manera responsable y controlada. Y dentro de esta perspectiva, la temática del antejuicio, juicio político y acusación constitucional, devienen en el esquema del control parlamentario, de naturaleza política, que el Legislativo, realiza a los actos del poder Ejecutivo para que se efectúen, bajo los lineamientos y principios que sustentan el Estado Constitucional de Derecho. Siguiendo una parte de la doctrina constitucional nacional así como de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano, se precisa que el antejuicio político y el juicio político son dos instituciones que responden a una naturaleza jurídica distinta y que tienen efectos jurídicos diversos; y que la acusación constitucional, se da en ambos institutos, para de esta forma garantizar el debido proceso y el debido procedimiento parlamentario.The policy itself and the Latin American context experience shows that to rationalize the exercise of power, among other essential aspects, it is necessary to determine dogmatic, procedural and procedural accuracy political organs of the state, exercising its powers responsibly and controlled. And in this perspective, the issue of impeachment, impeachment, and impeachment, become in the scheme of parliamentary scrutiny of a political nature, the Legislative, performed acts of the executive power are carried out under the guidelines and principles that underpin the constitutional rule of law. Following a part of the national constitutional doctrine and jurisprudence of the Constitutional Court of Peru, states that the political impeachment and impeachment are two institutions that respond to a different legal nature and have different legal effects; and that the impeachment, occurs in both processes, thus guaranteeing due process and due parliamentary procedure.