Es indudable y obvio, demostrar, que el Estado de Guatemala, afronta una crisis de corrupción, tráfico de influencias, y una enorme debilidad institucional en el Sector de la Justicia, y en ese sentido busca darle una solución pronta, por ende el Poder Ejecutivo analizo y elaboro una propuesta de reformar treinta y cinco artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala, dentro de estos, 15 artículos orientados al fortalecimiento del sistema de justicia y seguridad. Ciertos diputados al Congreso de la República de Guatemala y diferentes organizaciones gubernamentales, no avalan dicha propuesta y manifiestan que el costo de una reforma constitucional se estimaría en doscientos cincuenta millones de quetzales, esto se podría invertir en programas que beneficien más a la población y que en lugar de todo este teatro político se deberían reformar las actuales leyes ordinarias de nuestro país.