A mediados de enero, Gobierno y oposición firmaron el Protocolo de acuerdo sobre calidad y equidad de la educación, que facilitó la promulgación a fines de febrero de la Ley de Calidad y Equidad de la Educación. Este estableció un piso de acuerdos políticos acerca de las tareas nacionales que el país debía emprender en el corto plazo. En este artículo se analizan los contenidos del protocolo, desde la perspectiva de la relación entre exigencia/presión y apoyo/desarrollo de capacidades; relación que resulta crítica si pesan más las estrategias de presión, pues se corre el riesgo de desatender las instalación de las capacidades necesarias que aseguren los cambios que se quieren.